Hacienda dará nuevas licencias para apuestas cruzadas
M. NUÑEZ en www.abc.es
La nueva normativa podría estar en vigor el próximo verano, una vez acabe el periodo de consultas con las partes afectadas
El Ministerio de Hacienda continúa con la regulación del juego on-line. Ahora es el turno de las máquinas tragaperras, conocidas como «slots» en la jerga especializada, y de las apuestas cruzadas. El Consejo Paritario del Juego, formado por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, tiene previsto reunirse hoy para iniciar la redacción del borrador de la orden ministerial por la que, entre otra cosas, se darán nuevas licencias para operar en este mercado.
Esta nueva normativa, que podría estar en vigor el próximo verano una vez que acabe el periodo de consultas con todas las partes afectadas, tanto en el ámbito privado como en el público, incluye la concesión de nuevas licencias para operar en el sector del juego on-line en España, tanto para tragaperras y apuestas cruzadas como también para el resto de actividades, al igual que tanto para empresas españolas y extranjeras.
Solo el 10% del juego total
En España el juego on-line representa solo el 10% de este mercado ya que nuestro país es en este aspecto más tradicional y, en este sector como en otros, se inclina por hacer las apuestas de manera presencial, o lo que es lo mismo, prefiere comprar la lotería en los establecimientos tradicionales.
España, según fuentes de la Dirección General de Ordenación del Juego, es una país con un modelo de juego en internet que puede ser calificado de europeo continental, en la línea de Francia o Italia, y mucho más restrictivo que países como Reino Unido o Malta, entre otros. Prueba de ello es que en España hay solo autorizados 51 operadores de juego on-line, frente a los poco más de 30 de Francia o los 500 que hay autorizados en Malta.
Las mismas fuentes señalan que la regulación de estos nuevos operadores será positivo en la medida en que aumentará la protección de los menores, la prevención de ludopatías así como de la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, y como no podía ser de otra manera, esta «legalización» de nuevos operadores hará también que contribuyan a las arcas del Estado ya que las empresas de juego tienen una tributación específica de entre un 15 y un 25% de los ingresos brutos o de los netos menos los premios, según se regula en la Ley del Juego.